sábado, 31 de enero de 2015

Daniel Arroyo escribe en El cronista comercial sobre la gravedad institucional de la muerte del fiscal Nisman

Nisman, la calidad democrática y la transparencia. 


La muerte del fiscal Nisman nos ha conmocionado a todos por la tremenda gravedad institucional que implica y nos ha dejado perplejos porque da la sensación de haber quebrado un límite que no puede traspasarse en democracia.

Las lecturas sobre cómo se produjo, a quién favorece y a quién no, cuál es el grado real de consistencia que tenían sus pruebas y como se lleva adelante la investigación sobre su deceso entran en el terreno de la opinión.
Cada uno de los argentinos avanzamos con nuestras hipótesis y cada uno seguirá con su impresión al menos que tengamos una investigación profesional y transparente como casi nunca ha sucedido en la historia argentina.

Aquí hay un punto absolutamente crítico para el futuro de nuestra democracia: es evidente que la muerte de Nisman requiere de una investigación seria y contundente que no nos deje dudas sobre lo que realmente sucedió y que marque el inicio de una nueva etapa.

Se abre aquí una oportunidad (creo yo, una de las últimas) para empezar a promover, entre todos, una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la utilización de los recursos y los mecanismos del Estado.

Para empezar, resulta necesario reformar por completo toda la estructura de los servicios de inteligencia, las escuchas y el espionaje si queremos que nuestra democracia, que ya tiene más de 30 años, garantice realmente el respeto a los derechos y la libertad de las personas. No es una cuestión instrumental, es una cuestión de fondo que lleva a determinar cuáles son los límites que no se pueden pasar.

No deberían ser los que eventualmente estén en el comando de la ex SIDE los que definan esos límites, los que definan qué características y qué condiciones tiene la vida democrática en nuestro país. La institucionalidad argentina y la calidad democrática es responsabilidad de los partidos políticos, la justicia, los actores sociales y los acuerdos que entre todos podamos construir.

El límite debe ser claro y preciso: los servicios de inteligencia nuca más deben ser utilizados para operaciones políticas, campañas sucias, escuchas ilegales o para limitar la libertad de expresión. Nadie debería tentarse con jugar a controlar la vida de los demás.

En estos días quedó muy clara la necesidad de que la buena gente participe, porque cuando la buena gente se retira o está en otra cosa, quedan los vivos y los inescrupulosos. En el 2001 la consigna era ‘que se vayan todos’, hoy tenemos que construir una nueva consigna que sea ‘tenemos que participar todos’ para renovar la política y darle un salto de calidad a nuestra democracia.

Si no lo hacemos rápido, se va a reforzar la creencia de que aquí le va mejor al que va por la banquina, que nunca quedan claras las cosas y que hay una institucionalidad y reglas paralelas que dejan afuera al que trabaja y se esfuerza día a día.

Ya logramos, en los ‘80, un primer acuerdo básico: sólo se accede al gobierno a través de los votos, no hay ninguna chance de hacerlo de otro modo. Con muchas idas y vueltas, logramos sostener esa regla de oro y, salvo rarísimas excepciones, todos entienden que ahí hay un límite.

Nos toca ahora, en el inicio del siglo XXI, definir un segundo acuerdo: la red de inteligencia y todo lo que gira a su alrededor sólo debe ser usada para hacer seguimiento y evitar conflictos externos; no es un mecanismo para que quienes detenten el poder accedan a información privada sobre cómo vivimos y qué hacemos cada uno de los argentinos.

Si logramos consolidar este acuerdo, la calidad democrática y la transparencia serán la base sobre la que se desarrollarán las futuras generaciones.La muerte del fiscal Nisman nos ha conmocionado a todos por la tremenda gravedad institucional que implica y nos ha dejado perplejos porque da la sensación de haber quebrado un límite que no puede traspasarse en democracia.

Las lecturas sobre cómo se produjo, a quién favorece y a quién no, cuál es el grado real de consistencia que tenían sus pruebas y como se lleva adelante la investigación sobre su deceso entran en el terreno de la opinión.
Cada uno de los argentinos avanzamos con nuestras hipótesis y cada uno seguirá con su impresión al menos que tengamos una investigación profesional y transparente como casi nunca ha sucedido en la historia argentina.

Aquí hay un punto absolutamente crítico para el futuro de nuestra democracia: es evidente que la muerte de Nisman requiere de una investigación seria y contundente que no nos deje dudas sobre lo que realmente sucedió y que marque el inicio de una nueva etapa.

Se abre aquí una oportunidad (creo yo, una de las últimas) para empezar a promover, entre todos, una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la utilización de los recursos y los mecanismos del Estado.

Para empezar, resulta necesario reformar por completo toda la estructura de los servicios de inteligencia, las escuchas y el espionaje si queremos que nuestra democracia, que ya tiene más de 30 años, garantice realmente el respeto a los derechos y la libertad de las personas. No es una cuestión instrumental, es una cuestión de fondo que lleva a determinar cuáles son los límites que no se pueden pasar.

No deberían ser los que eventualmente estén en el comando de la ex SIDE los que definan esos límites, los que definan qué características y qué condiciones tiene la vida democrática en nuestro país. La institucionalidad argentina y la calidad democrática es responsabilidad de los partidos políticos, la justicia, los actores sociales y los acuerdos que entre todos podamos construir.

El límite debe ser claro y preciso: los servicios de inteligencia nuca más deben ser utilizados para operaciones políticas, campañas sucias, escuchas ilegales o para limitar la libertad de expresión. Nadie debería tentarse con jugar a controlar la vida de los demás.

En estos días quedó muy clara la necesidad de que la buena gente participe, porque cuando la buena gente se retira o está en otra cosa, quedan los vivos y los inescrupulosos. En el 2001 la consigna era ‘que se vayan todos’, hoy tenemos que construir una nueva consigna que sea ‘tenemos que participar todos’ para renovar la política y darle un salto de calidad a nuestra democracia.

Si no lo hacemos rápido, se va a reforzar la creencia de que aquí le va mejor al que va por la banquina, que nunca quedan claras las cosas y que hay una institucionalidad y reglas paralelas que dejan afuera al que trabaja y se esfuerza día a día.

Ya logramos, en los ‘80, un primer acuerdo básico: sólo se accede al gobierno a través de los votos, no hay ninguna chance de hacerlo de otro modo. Con muchas idas y vueltas, logramos sostener esa regla de oro y, salvo rarísimas excepciones, todos entienden que ahí hay un límite.

Nos toca ahora, en el inicio del siglo XXI, definir un segundo acuerdo: la red de inteligencia y todo lo que gira a su alrededor sólo debe ser usada para hacer seguimiento y evitar conflictos externos; no es un mecanismo para que quienes detenten el poder accedan a información privada sobre cómo vivimos y qué hacemos cada uno de los argentinos.

Si logramos consolidar este acuerdo, la calidad democrática y la transparencia serán la base sobre la que se desarrollarán las futuras generaciones.